En la práctica de la investigación social aplicada, la ética tiende a ser tratada como una condición de acceso al campo —el consentimiento informado, el anonimato de los participantes, la aprobación institucional— antes que como una dimensión constitutiva del diseño metodológico.
Casi dos de cada tres salvadoreños que trabajan lo hacen sin contrato, sin seguro social y sin pensión. No porque sean flojos ni porque estén «al margen» de la economía.
Los dos artículos anteriores de esta serie documentaron cómo el proceso de revitalización del Centro Histórico de San Salvador reorganiza territorialmente la desigualdad urbana, y cómo el discurso dominante culpa a los sectores populares de las condiciones que el propio sistema produce.