Reorganización Espacial de la Desigualdad: Gentrificación, Acumulación por Desposesión y Periferización Urbana en el Área Metropolitana de San Salvador

Reorganización Espacial de la Desigualdad: Gentrificación, Acumulación por Desposesión y Periferización Urbana en el Área Metropolitana de San Salvador

Artículo de análisis sociológico urbano

Resumen

El proceso de revitalización del Centro Histórico de San Salvador ha generado una reconfiguración territorial de la desigualdad urbana que no ha sido suficientemente analizada en su dimensión estructural. Este artículo examina dicho proceso como una expresión contemporánea de acumulación por desposesión —en el sentido que David Harvey otorga al concepto— articulada con dinámicas de gentrificación propias de los centros históricos latinoamericanos. El análisis integra perspectivas teóricas sobre el derecho a la ciudad (Lefebvre), la producción neoliberal del espacio urbano y la informalidad estructural de los mercados laborales salvadoreños. El argumento central sostiene que la valorización inmobiliaria y turística del centro histórico no elimina la pobreza urbana, sino que la reorganiza territorialmente, desplazando hacia las periferias metropolitanas a trabajadores de servicios, vendedores informales y población precarizada que mantiene dependencia funcional con la economía centralizada. Esta dinámica se inscribe en una estructura productiva terciarizada, de bajos salarios y alta informalidad, que refuerza la vulnerabilidad habitacional de amplios sectores urbanos. El artículo concluye que sin políticas redistributivas integrales, la valorización territorial tiende a profundizar tensiones de cohesión social y legitimitad institucional.

Palabras clave: gentrificación latinoamericana, acumulación por desposesión, periferización urbana, Centro Histórico de San Salvador, informalidad laboral, derecho a la ciudad.

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Introducción: El espacio urbano como campo de disputa

Cuando a partir de mediados de la segunda década del siglo XXI el Centro Histórico de San Salvador comenzó a transformarse con una velocidad inusitada —cafés artesanales, galerías, proyectos de renovación de fachadas, circuitos turísticos, reordenamiento del comercio informal— esta transformación fue presentada públicamente como una recuperación necesaria y largamente postergada. La narrativa oficial y parte de la narrativa mediática coincidían en celebrar el retorno de la inversión, la reducción de la inseguridad y la emergencia de un espacio central modernizado. Lo que esa narrativa tendía a invisibilizar era la otra cara del proceso: el desplazamiento de vendedores informales que durante décadas habían construido economías de subsistencia en esas calles, el incremento sostenido de los alquileres en zonas aledañas, y la presión creciente sobre asentamientos precarios próximos al centro, cuyo valor de localización comenzó a tornarse atractivo para la especulación inmobiliaria.

Esta tensión entre renovación urbana y exclusión social no es exclusiva de San Salvador ni de El Salvador. Es, en cambio, uno de los patrones más documentados en la geografía urbana crítica contemporánea: la forma en que el capital reorganiza el espacio urbano, no eliminando la desigualdad, sino reconfigurando su distribución territorial. Lo que sí tiene especificidades propias el caso salvadoreño es la combinación particular de factores que lo constituyen: una estructura económica altamente terciarizada e informal, un déficit habitacional histórico con raíces en la guerra civil y en la ausencia de políticas urbanas integrales, una metrópoli profundamente segregada desde su origen, y un contexto político-institucional donde la gestión del espacio urbano ha oscilado entre la negligencia y el autoritarismo administrativo.

Este artículo analiza el proceso de revitalización del Centro Histórico de San Salvador como una expresión contemporánea de lo que David Harvey denomina acumulación por desposesión, vinculada a dinámicas de gentrificación propias de los centros históricos latinoamericanos. La pregunta orientadora es: ¿cómo se reorganiza territorialmente la exclusión social cuando el espacio urbano central es objeto de valorización acelerada? La hipótesis de trabajo sostiene que dicha reorganización se produce mediante desplazamiento directo e indirecto de población precarizada hacia periferias metropolitanas, con efectos sobre los costos habitacionales, la movilidad laboral y la cohesión urbana, todo ello en un contexto de estructura productiva que no ofrece alternativas reales de inclusión económica.

El artículo se estructura en cinco apartados. El primero establece el marco teórico-conceptual, articulando las nociones de gentrificación, acumulación por desposesión y derecho a la ciudad. El segundo contextualiza históricamente la producción del espacio urbano en San Salvador. El tercero analiza el proceso actual de revitalización del centro histórico y sus efectos documentados sobre la población. El cuarto desarrolla la conexión entre estructura laboral, informalidad económica y vulnerabilidad habitacional. El quinto ofrece conclusiones sobre las implicaciones sociales y políticas del proceso.

I. Marco teórico-conceptual: Gentrificación, desposesión y producción neoliberal del espacio

La gentrificación como proceso estructural, no como estética urbana

El concepto de gentrificación fue acuñado por la socióloga británica Ruth Glass en 1964 para describir el proceso de sustitución de clases populares por clases medias y altas en barrios obreros de Londres. Sin embargo, la operacionalización de este concepto ha sido objeto de amplios debates académicos desde entonces. En su formulación más extendida, la gentrificación implica tres procesos articulados: la reinversión de capital en un espacio previamente desinvertido o degradado, la llegada de grupos sociales de mayor capacidad adquisitiva, y el desplazamiento —directo o indirecto— de la población preexistente de menores ingresos (Janoschka y Sequera, 2014).

Es importante distinguir la gentrificación clásica, estudiada inicialmente en ciudades norteamericanas y europeas, de las formas que ha adoptado en América Latina. En la tradición anglosajona, el proceso tiene una lógica fundamentalmente de mercado: promotores privados identifican zonas devaluadas con potencial de renta, invierten en su transformación y capturan la diferencia entre el valor actual del suelo y su potencial máximo, lo que Neil Smith (1996) denominó la teoría de la brecha de renta (*rent gap*). En las ciudades latinoamericanas, sin embargo, el Estado tiene históricamente un rol más activo y directo: es frecuente que sean las inversiones públicas en infraestructura, seguridad, patrimonialización o renovación de espacios públicos las que desencadenen —o faciliten— el proceso de valorización, beneficiando posteriormente al capital privado (Janoschka y Sequera, 2014; Theodore, Peck y Brenner, 2009). En el caso salvadoreño, como se analizará más adelante, esta articulación entre intervención estatal y capital privado es particularmente visible.

Existe además una especificidad latinoamericana relacionada con la ausencia o debilidad de mecanismos protectores de los inquilinos y ocupantes, la alta informalidad de la tenencia del suelo urbano, y la coexistencia de zonas renovadas con asentamientos precarios en su periferia inmediata. En este contexto, los desplazamientos no siempre son tan visibles como en las ciudades europeas —donde se produce una sustitución residencial directa— sino que adoptan formas más difusas: incremento de alquileres que hace insostenible la permanencia, intervenciones de "ordenamiento" que eliminan fuentes de ingresos informales, o transformaciones del entorno que vuelven el barrio culturalmente hostil para sus habitantes originales, lo que algunos autores han denominado desplazamiento simbólico (Casgrain y Janoschka, 2013).

La turistificación —proceso relacionado pero analíticamente distinguible— agrega una dimensión adicional: la transformación del espacio urbano no principalmente en función de nuevos residentes, sino en función de la demanda turística y de consumo temporal (Hiernaux y González, 2014). Cuando un centro histórico es patrimonializado y reorientado hacia la atracción de visitantes y la economía de la experiencia, el proceso de desplazamiento puede ser aún más acelerado que en la gentrificación residencial clásica, puesto que la lógica del turismo requiere espacios "limpios", estetizados y vaciados de las marcas de la pobreza. El centro histórico deja de pertenecer a sus habitantes cotidianos y se convierte, en palabras del urbanismo crítico, en una "escenografía" para el consumo visual y económico del visitante (Universidad Centroamericana José Simeón Cañas [UCA], 2026).

Acumulación por desposesión: el espacio urbano como frontera del capital

El andamiaje teórico más productivo para analizar este proceso en su dimensión estructural es el concepto de acumulación por desposesión, que David Harvey desarrolló especialmente en *El nuevo imperialismo* (2004). Harvey parte de una reformulación de la noción marxiana de acumulación originaria para argumentar que los mecanismos de despojo —entendidos como la separación forzada de los sujetos de sus medios de sustento y reproducción— no se limitaron al momento fundacional del capitalismo, sino que constituyen una dimensión permanente y recurrente del proceso de acumulación, especialmente bajo el neoliberalismo. Estos mecanismos incluyen la mercantilización de bienes que antes estaban fuera del mercado, la privatización de espacios comunes, la supresión de derechos de uso y la financiarización de activos (Harvey, 2004).

Aplicado al espacio urbano, el concepto tiene un poder explicativo considerable. La valorización de un barrio o centro histórico implica frecuentemente la mercantilización de formas de uso del espacio que eran no-mercantiles: el comercio informal en la vía pública, la vivienda colectiva en mesones de bajo costo, los espacios de sociabilidad popular. Cuando estos usos son desplazados por formas mercantiles más rentables —hoteles boutique, restaurantes de segmento medio-alto, locales comerciales formalizados— se está operando una apropiación de valor producido colectivamente a lo largo del tiempo por sus habitantes y usuarios. En este sentido, la gentrificación puede ser leída no solo como un proceso de sustitución de población, sino como un mecanismo contemporáneo de acumulación por desposesión: el capital captura una renta diferencial generada por la historia urbana de los sectores populares que habitaron ese espacio (Harvey, 2004; Janoschka y Sequera, 2014).

Harvey también destaca el rol del Estado en este proceso. Bajo el modelo de acumulación neoliberal, el Estado no solo garantiza la acumulación por explotación —asegurando condiciones para la extracción de plusvalía en el proceso productivo— sino que también actúa como garante de la acumulación por desposesión, facilitando o directamente ejecutando los procesos de apropiación de espacios anteriormente no mercantilizados (Harvey, 2004). Las políticas de "revitalización urbana" pueden ser leídas, en esta clave, como formas de apertura de nuevas fronteras de acumulación para el capital inmobiliario, turístico y comercial, con el Estado operando como agente de desposesión de los sectores populares que habitaban esos espacios.

El derecho a la ciudad: el espacio como producto social

Henri Lefebvre, en su formulación seminal del derecho a la ciudad (1968), argumentó que el espacio urbano no es un soporte neutral sobre el que se desarrollan las relaciones sociales, sino que es en sí mismo un producto social atravesado por relaciones de poder. El espacio es producido —no simplemente existente— y su producción está determinada por las relaciones de clase, los intereses económicos y los proyectos políticos de los actores dominantes. En consecuencia, el acceso a la ciudad —a sus recursos, sus centralidades, sus infraestructuras, sus espacios de sociabilidad— es una dimensión fundamental de la justicia social, y su distribución desigual constituye una forma de exclusión estructural (Lefebvre, 1968).

El derecho a la ciudad, en la elaboración lefebvriana, no se reduce al derecho a la vivienda —aunque lo incluye— sino que abarca el derecho a participar en la producción del espacio urbano, a apropiarse de sus valores de uso, a permanecer en los lugares de referencia cultural y social. Cuando los procesos de valorización inmobiliaria expulsan a los sectores populares de los centros urbanos, no solo se lesiona su acceso material a la vivienda, sino también su derecho a los espacios de reconocimiento, sociabilidad y reproducción cultural que constituían el tejido vivo del barrio. Esta dimensión simbólica del desplazamiento es frecuentemente la más invisible, pero no por ello menos real en sus consecuencias sociales.

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II. La producción histórica del espacio urbano en San Salvador: periferización y desigualdad estructural

La metrópoli salvadoreña contemporánea es el resultado de procesos históricos de acumulación de desigualdades que se superponen en el espacio. Comprender la actual reconfiguración urbana exige atender a esa sedimentación histórica, puesto que el presente proceso de gentrificación no opera sobre un espacio neutro, sino sobre una ciudad ya profundamente marcada por la segregación, la informalidad y el déficit habitacional.

El crecimiento metropolitano de San Salvador durante el siglo XX fue alimentado por sucesivas oleadas migratorias desde el campo, vinculadas a la expansión del modelo agroexportador, la concentración de la tierra y, posteriormente, al conflicto armado de los años ochenta. La guerra civil (1979-1992) desplazó a cientos de miles de personas hacia las ciudades, particularmente hacia el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), sin que existiesen políticas habitacionales capaces de absorber ese flujo de población. El resultado fue el crecimiento acelerado y no planificado de asentamientos informales en la periferia metropolitana, en quebradas, taludes y terrenos con riesgos geológicos, que en la literatura especializada se denominan asentamientos urbanos precarios (AUP).

El estudio más comprehensivo sobre esta problemática, el *Mapa de Pobreza Urbana y Exclusión Social* elaborado conjuntamente por FLACSO y el PNUD (2010), estableció que más de dos millones de salvadoreños residían en asentamientos urbanos precarios en el momento de su elaboración, con base en el Censo de Población y Vivienda de 2007. Si bien el Área Metropolitana de San Salvador concentraba el mayor número absoluto de hogares en esta situación, el estudio constató que la mayor proporción de asentamientos en condiciones de precariedad extrema se concentraba en centros urbanos alejados del Gran San Salvador, lo que revela la paradoja estructural de la urbanización salvadoreña: la proximidad a la metrópoli ofrece acceso diferencial a servicios, empleo y oportunidades, pero también genera presión sobre el suelo que excluye progresivamente a los sectores más vulnerables (FLACSO y PNUD, 2010).

La segregación espacial del AMSS no siguió exactamente el patrón de las grandes metrópolis latinoamericanas con élites en el centro y pobres en la periferia. En San Salvador, el proceso fue más complejo: las clases medias y altas fueron migrando hacia los municipios occidentales y nororientales del AMSS (Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, Escalón, San Benito), mientras que el centro histórico fue experimentando un proceso de densificación popular y posterior deterioro, y la periferia oriental y norte fue absorbiendo la migración de los sectores de más bajos ingresos (Ciudad Delgado, Soyapango, Mejicanos, Ilopango). Esta geografía de la desigualdad consolidada a lo largo del siglo XX es el substrato sobre el que opera el actual proceso de revitalización central.

El déficit habitacional acumulado tiene también raíces en la ausencia histórica de políticas urbanas integrales. A diferencia de países como México o Colombia, donde —con todas sus limitaciones— existieron programas de vivienda popular de alcance masivo, El Salvador careció hasta épocas recientes de una política habitacional sistemática que atendiera las necesidades de los sectores de bajos ingresos. La respuesta mayoritaria de la población fue la autoconstrucción informal en terrenos sin titularidad, lo que generó un patrón de ocupación territorial caracterizado por la precariedad jurídica, la vulnerabilidad ante desastres y la exclusión de los sistemas formales de crédito y propiedad.

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III. Revitalización del Centro Histórico y sus efectos territoriales: del discurso de la modernización a la lógica del desplazamiento

Los ciclos de la revitalización

La recuperación del Centro Histórico de San Salvador no es un proceso reciente ni vinculado a una sola administración. Sus antecedentes se remontan a los programas de gestión del espacio público iniciados en la alcaldía de Norman Quijano, que buscaron reducir la presencia del comercio informal en las calles centrales como condición para atraer inversión y turismo. El *Programa Temporal para la Revitalización del Centro Histórico de San Salvador Fase 1*, implementado durante la alcaldía de Nayib Bukele (2015-2018), profundizó esta línea con los primeros desalojos de vendedores informales en las zonas circundantes a la Plaza Morazán, la Catedral y el Teatro Nacional, bajo la promesa —no cumplida en sus propios términos— de reubicar a los vendedores en mercados formales de nueva construcción. La administración de Ernesto Muyshondt (2018-2021) continuó el proceso con el proyecto del Corredor Urbano, y la administración actual, bajo Mario Durán, ha llevado el proceso a su punto de mayor intensidad, con lo que la propia alcaldía denominó en marzo de 2025 como "el desalojo más grande realizado en los últimos 20 años": más de 2.000 vendedores y vendedoras desalojados de tres avenidas, cuatro calles y dos pasajes en una sola operación (El Salvador.com, 2025).

Este encadenamiento de decisiones político-administrativas, que atraviesa diferentes administraciones municipales y nacionales con distintas orientaciones políticas, revela que el proceso de revitalización del centro histórico no puede ser reducido a la voluntad de un solo actor político. Responde, más bien, a una lógica estructural compartida por las élites políticas y económicas salvadoreñas: la percepción del centro histórico como un activo territorial subutilizado, cuya transformación en espacio de consumo, turismo e inversión requiere necesariamente la eliminación de sus usos populares e informales. Esta lógica es, en los términos de Harvey, la del capital fijo circulando hacia nuevos territorios de acumulación cuando los anteriores se han agotado.

El proceso se ha acelerado notablemente en el período más reciente, impulsado por la transformación de El Salvador en un destino turístico internacional, la imagen de seguridad construida en torno a la política de reducción de homicidios, y las inversiones en infraestructura patrimonial y turística. La Operación Urbana Integral San Salvador 500, desarrollada en el sector de Las Iberias —93,20 hectáreas próximas al Centro Histórico— con el financiamiento de la cooperación española y la Unión Europea, y bajo la dirección técnica de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), persigue explícitamente "la regeneración urbana" de ese territorio, "la revalorización de inmuebles públicos infrautilizados" y "la integración de los asentamientos urbanos precarios en la zona" (OPAMSS, 2024). La benevolencia del lenguaje no debe ocultar la lógica de fondo: esos asentamientos precarios ocupan suelo de alto valor de localización, y su "integración" en el proceso de renovación puede operar, según cómo se concrete, como desposesión o como inclusión efectiva.

El desplazamiento como proceso multidimensional

Los efectos del proceso de revitalización sobre la población de menores ingresos son multidimensionales y no siempre visibles en su inmediatez. El desplazamiento físico directo —es decir, la expulsión de personas de sus lugares de residencia o trabajo— es solo su forma más visible. Pero el proceso opera también mediante mecanismos más difusos que la literatura denomina desplazamiento indirecto: el incremento sostenido de los alquileres en las zonas aledañas al área revitalizada, que hace insostenible la permanencia de hogares de bajos ingresos; la eliminación de fuentes de trabajo informal que sustentaban economías domésticas en el área; y la transformación del carácter social del espacio, que lo vuelve progresivamente menos accesible y reconocible para sus usuarios históricos.

En el caso del Centro Histórico de San Salvador, los reportes periodísticos y los análisis académicos disponibles coinciden en documentar un incremento significativo de los costos de alquiler. Según reportes basados en datos de mercado inmobiliario, el costo de los alquileres en la zona central habría aumentado alrededor de un 30% en los cinco años previos a 2023, haciendo inaccesibles los locales comerciales para los vendedores de bajos ingresos que habían organizado su vida económica alrededor de esas ubicaciones (Revista La Brújula, 2025). Este proceso de encarecimiento no se limita al área renovada: tiene un efecto de irradiación hacia las zonas periféricas aledañas, donde la presión habitacional aumenta a medida que los sectores desplazados del centro buscan alternativas de alojamiento más accesibles.

Los asentamientos próximos al Centro Histórico —entre los que se incluyen las comunidades del sector de Las Iberias, que habían conquistado históricamente el derecho a la tierra mediante procesos de autogestión comunitaria— se encuentran en una posición particularmente vulnerable. El World Habitat Award reconoció precisamente la experiencia de resistencia y autoorganización de una de estas comunidades en el centro histórico de San Salvador como un ejemplo de resiliencia urbana: habitantes que habían vivido "en condiciones muy precarias, en edificios inseguros y sin infraestructura adecuada" lograron, con el apoyo de redes de organizaciones latinoamericanas de vivienda, el reconocimiento de su derecho a poseer y construir en el terreno (World Habitat, 2025). Pero esta historia de resistencia exitosa es la excepción, no la regla, en un contexto donde la mayoría de los asentamientos precarios del centro metropolitano carecen de los recursos organizativos y jurídicos necesarios para defender su permanencia.

El desplazamiento de los vendedores informales del Centro Histórico ha operado a través de un patrón bien documentado: las operaciones de "ordenamiento" no eliminan las actividades informales, sino que las reubican en espacios de menor valor comercial, con menor tráfico peatonal y menor acceso a la clientela. Los vendedores desalojados de las calles centrales han sido reubicados, en algunas instancias, "en hacinamiento un par de cuadras más al sur de la Avenida Cuscatlán", en tanto que los mesones y los edificios deteriorados de barrios como Candelaria, San Jacinto, San Esteban y El Modelo "siguen siendo los únicos refugios para los lugareños" (ContraPunto, 2024). La pobreza no desaparece: se desplaza.

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IV. Estructura productiva, mercado laboral y vulnerabilidad urbana: la economía de los desplazados

Para comprender plenamente el proceso de reorganización territorial de la exclusión, es necesario analizar su base material: la estructura económica que determina quiénes son los sectores socialmente vulnerables y cuál es su relación con el espacio urbano central.

Una economía terciarizada de baja productividad

La economía salvadoreña ha experimentado un proceso de terciarización acelerada durante las últimas tres décadas. El sector terciario —comercio, restaurantes y hoteles, transporte, servicios financieros, administración pública— representa actualmente más del 60% del Producto Interno Bruto y concentra la mayoría de la ocupación urbana. Sin embargo, esta terciarización no ha estado acompañada de incrementos proporcionales en la productividad ni en los salarios. La CEPAL ubica a El Salvador entre los países de menor productividad laboral en América Latina y el Caribe, en el sexto lugar entre los menos productivos del continente (Prensa Latina, 2024). Esta baja productividad se traduce en una estructura salarial que deja a amplios segmentos de la fuerza laboral por debajo de los umbrales necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, incluida la vivienda en el mercado formal.

Los salarios mínimos reales en El Salvador presentaron una contracción del 5,3% en el primer semestre de 2023, en contraste con un incremento promedio del 0,8% en el conjunto de América Latina (CEPAL, 2023). Esta compresión del poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos en un contexto de encarecimiento del suelo urbano constituye la pinza estructural que explica la vulnerabilidad habitacional de amplios sectores de la población metropolitana.

La informalidad como condición estructural

El mercado laboral salvadoreño se caracteriza por niveles persistentemente elevados de informalidad. Mientras la tasa de desempleo abierto se mantiene en niveles relativamente acotados —en torno al 5% según las proyecciones para 2024— la informalidad urbana se ubica en cerca del 50% de la ocupación total, con una cuarta parte de los ocupados urbanos en situación de subocupación (CEPAL, publicación sobre mercado laboral). El diagnóstico elaborado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre trabajadores independientes informales reportó que en 2023 había 779.113 trabajadores informales no agrícolas en el país, con un incremento de 39.126 trabajadores respecto a 2019 (MTPS/SIMEL, 2024). El 67% de los trabajadores salvadoreños no están registrados ante la seguridad social, lo que los excluye de los mecanismos de protección frente a la enfermedad, el desempleo y la vejez (PocketOption/CEPAL referenciado, 2025).

Esta informalidad estructural tiene una geografía precisa: se concentra en las actividades de comercio al por menor, servicios domésticos, restaurantes y otros servicios de baja cualificación, que son precisamente las actividades que dependen de la proximidad a los espacios urbanos centrales y a los circuitos de consumo que estos generan. Los vendedores callejeros, los trabajadores de restaurantes y cafeterías, el personal de seguridad privada, los trabajadores del hogar que laboran en las zonas residenciales del AMSS, los repartidores y transportistas: todos estos segmentos de la fuerza de trabajo mantienen una dependencia funcional con la economía metropolitana centralizada que determina sus necesidades de localización residencial.

Esta es una de las contradicciones más profundas del proceso de revitalización: el nuevo modelo de espacio central —orientado al turismo, la gastronomía de segmento medio, los servicios especializados— requiere para su funcionamiento cotidiano de una fuerza de trabajo de bajos ingresos que no puede costearse residir en las cercanías del área renovada. Los meseros, los cocineros, el personal de limpieza, los guardias de seguridad que hacen posible la economía del nuevo centro histórico tienen que desplazarse cotidianamente desde periferias cada vez más alejadas, absorbiendo costos de transporte que erosionan aún más sus ya reducidos ingresos. Esta configuración espacial —trabajadores periféricos que sostienen una economía central que los excluye— es lo que podría denominarse una forma de explotación territorial: la extracción de valor del trabajo sin que los trabajadores puedan acceder al territorio que ese valor produce.

La presión habitacional en la periferia

La ecuación territorial resultante es la siguiente: a medida que el centro histórico se valoriza y sus alrededores se encarecen, los sectores de trabajadores de bajos ingresos se ven empujados hacia periferias cada vez más alejadas del centro metropolitano. Esta periferización no es un fenómeno nuevo en el AMSS —tiene las raíces históricas ya descritas— pero el proceso actual le añade una presión adicional sobre el ya tensionado mercado habitacional de las zonas periféricas.

Los municipios del este y norte del AMSS —Soyapango, Ilopango, Ciudad Delgado, Mejicanos— que históricamente absorbieron la población migrante y desplazada, presentan ya altas densidades habitacionales, una elevada proporción de viviendas precarias, y mercados de alquiler informales donde la presión de la demanda tiende a incrementar los precios incluso entre sectores subalternos. La llegada de nuevos hogares desplazados del área central —o de trabajadores que no pueden costearse residir más cerca— genera una dinámica de encarecimiento que afecta a quienes ya residían en esas zonas periféricas. La exclusión del centro metropolitano se convierte así en presión sobre la periferia, produciendo lo que podría denominarse una reorganización espacial en cascada de la pobreza urbana: los desplazados del centro desplazan, a su vez, a los sectores más vulnerables de la periferia.

La tesis doctoral de Carmen Lorena García Pérez (2021), centrada en los asentamientos precarios del AMSS con especial atención al municipio de Ciudad Delgado, documentó las características y distribución de estos territorios, mostrando cómo la precariedad urbana en el área metropolitana no es un fenómeno residual o transitorio, sino una condición estructural de amplios segmentos de la población (García Pérez, 2021). Los datos del *Mapa de Pobreza Urbana y Exclusión Social* (FLACSO y PNUD, 2010) confirmaron esta estructuralidad: el Área Metropolitana de San Salvador concentraba el mayor número absoluto de hogares en asentamientos precarios del país, con todos los déficits de infraestructura, servicios básicos y seguridad jurídica que ello implica.

La paradoja que emerge de este análisis es que el proceso de revitalización del centro histórico —presentado como una política de mejoramiento urbano y de reducción de la degradación del espacio público— puede estar contribuyendo, en ausencia de mecanismos redistributivos adecuados, a deteriorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, no directamente en el área intervenida, sino en las zonas periféricas donde estos sectores se reubican bajo presión.

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V. La reorganización neoliberal del espacio urbano: entre el patrimonio y la desposesión

El proceso que se ha descrito en las secciones anteriores no puede comprenderse plenamente sin inscribirlo en el modelo más amplio de lo que Theodore, Peck y Brenner (2009) denominaron urbanismo neoliberal: la subordinación de la planificación urbana a la lógica de la competitividad entre ciudades, la atracción de inversiones y la creación de condiciones para la acumulación de capital en el espacio urbano. En este modelo, los centros históricos —antes percibidos como espacios obsoletos de comercio popular y vivienda deteriorada— son "descubiertos" como activos patrimoniales y culturales cuya puesta en valor puede atraer turismo, inversión y consumo de segmento medio-alto.

La patrimonialización, entendida como el proceso de reconocimiento institucional del valor histórico-cultural de un espacio, tiene así una dimensión económica que con frecuencia contradice su declarada dimensión cultural. Cuando el patrimonio es gestionado bajo una lógica de mercado —como recurso para el turismo y la revalorización inmobiliaria— tiende a operar como un mecanismo de exclusión: el espacio se transforma en producto de consumo, y su accesibilidad queda determinada por la capacidad adquisitiva. El comercio informal, los mesones populares, las prácticas de sociabilidad de los sectores de bajos ingresos quedan clasificados como elementos que degradan el patrimonio, y su eliminación aparece como condición de la recuperación cultural. Lo que en realidad ocurre, en términos analíticos, es la sustitución de valores de uso colectivos —el espacio como lugar de reproducción social de los sectores populares— por valores de cambio mercantiles —el espacio como activo capitalizable por los inversores inmobiliarios y turísticos (Lefebvre, 1968; Harvey, 2004).

El caso del Centro Histórico de San Salvador presenta además una dimensión que lo diferencia de algunos procesos latinoamericanos comparables: la articulación explícita entre seguridad urbana y valorización inmobiliaria. La reducción drástica de los índices de violencia en el AMSS a partir de 2022, asociada a la política de seguridad implementada por el gobierno nacional, tuvo como efecto colateral inmediato un incremento del atractivo del espacio central para la inversión turística y comercial. La "securitización" del espacio urbano —la transformación de las condiciones de seguridad como factor de valorización— opera como un poderoso acelerador del proceso de gentrificación: en un espacio que el capital percibía como demasiado peligroso para invertir, la reducción de la inseguridad abre de golpe nuevas oportunidades de acumulación. Esto no significa que la reducción de la violencia sea negativa en sí misma —fue demandada durante décadas por los propios sectores populares más afectados— sino que, en ausencia de mecanismos redistributivos que capturen parte de la renta urbana generada por esa mejora y la destinen a la población de menores ingresos, el beneficio de la seguridad se distribuye de manera profundamente desigual: los inversores capturan la valorización, mientras que los residentes históricos de bajos ingresos experimentan el desplazamiento.

La escritura crítica sobre este proceso en El Salvador ha tendido, en algunos casos, a adoptar un tono confrontativo que identifica el proceso exclusivamente con las decisiones de actores políticos específicos. Este enfoque, aunque comprensible desde la urgencia política, tiene el riesgo de oscurecer la dimensión estructural del fenómeno. Como muestra el análisis histórico anterior, los ciclos de revitalización del centro histórico de San Salvador atravesaron administraciones municipales y nacionales de muy distintas orientaciones políticas, desde ARENA hasta el FMLN pasando por Nuevas Ideas. La lógica que los unifica no es una voluntad política particular, sino la racionalidad del capital inmobiliario y turístico operando sobre un espacio que ha ganado atractivo de inversión. Esto no exime de responsabilidades a los gestores públicos —por el contrario, hace más urgente que diseñen e implementen mecanismos de protección para los sectores vulnerables— pero sitúa el problema en su dimensión adecuada: estructural, no meramente coyuntural.

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VI. Conclusiones: La desigualdad que no desaparece, solo cambia de lugar

El análisis desarrollado en este artículo permite sostener que el proceso de revitalización del Centro Histórico de San Salvador opera, en sus efectos distributivos reales, como una forma contemporánea de acumulación por desposesión. Los mecanismos son múltiples y articulados: la mercantilización de espacios de uso colectivo que eran no-mercantiles, la eliminación de fuentes de ingreso informal que sustentaban economías domésticas precarias, el incremento de los costos habitacionales que hace insostenible la permanencia de los sectores de bajos ingresos en las cercanías del área renovada, y el desplazamiento de la presión habitacional hacia periferias metropolitanas donde ya existe saturación y déficit de infraestructura.

Este proceso no produce más pobreza en términos absolutos —aunque tampoco la elimina— sino que reorganiza su distribución territorial. La desigualdad no desaparece con la valorización del centro histórico: se desplaza, se fragmenta, se vuelve menos visible desde los espacios de poder, y se traduce en nuevas cargas para los sectores que la padecen: costos de transporte más altos, mayor distancia a los servicios, redes de apoyo social debilitadas por la dispersión residencial, pérdida de las economías de proximidad que los espacios de comercio informal generaban.

La base estructural de este proceso —una economía de bajos salarios, alta informalidad y baja productividad— no ha cambiado. El crecimiento del sector servicios en el AMSS no ha generado una demanda de trabajo de calidad que permita a los trabajadores de menores ingresos acceder al mercado habitacional formal en las cercanías de sus lugares de trabajo. La brecha entre la capacidad adquisitiva de los trabajadores informales y el costo de la vivienda en las zonas valoradas del AMSS seguirá creciendo mientras no se modifiquen las condiciones estructurales del mercado laboral y mientras no existan mecanismos que capturen parte de la renta urbana generada por la valorización y la destinen a subsidiar el acceso a la vivienda de los sectores de menores ingresos.

Esto señala hacia la necesidad de políticas urbanas integrales que articulen, al menos, tres dimensiones. La primera es la protección de los ocupantes actuales frente al desplazamiento, mediante instrumentos jurídicos de estabilización de los alquileres, reconocimiento de derechos de tenencia en asentamientos precarios y mecanismos de participación comunitaria en la toma de decisiones sobre el destino de los espacios. La segunda es la captura pública de la plusvalía urbana generada por las inversiones en renovación —una herramienta ampliamente desarrollada en la legislación urbana de otros países latinoamericanos como Colombia— para destinarla a programas de vivienda popular y equipamiento social en las zonas de desplazamiento. La tercera es la articulación entre la política urbana y la política laboral: mientras los ingresos de los trabajadores del sector servicios no alcancen para cubrir los costos de la reproducción en el mercado habitacional formal, cualquier política de renovación urbana que no contemple subsidios habitacionales explícitos producirá desplazamiento.

Estas observaciones no pretenden negar la legitimidad de los objetivos de recuperación urbana ni sostener que el deterioro del centro histórico debería preservarse como condición de justicia social. Pretenden, en cambio, llamar la atención sobre una condición que la experiencia latinoamericana e internacional ha documentado reiteradamente: que la valorización del espacio urbano no es en sí misma redistributiva, y que en ausencia de políticas que corrijan activamente sus efectos distributivos regresivos, tiende a profundizar las desigualdades que declara querer superar. Las ciudades que han logrado procesos de renovación urbana socialmente incluyentes —Medellín, Montevideo, algunas experiencias europeas— han combinado la inversión en el espacio físico con inversión decidida en el tejido social, con mecanismos de protección de los más vulnerables y con modelos de gobernanza que dan voz a los sectores afectados. Esa combinación es también posible en San Salvador, pero requiere voluntad política, capacidad institucional y recursos suficientes para que la ciudad de la que todos hablan sea también la ciudad en la que todos puedan vivir.

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Referencias

Casgrain, A. y Janoschka, M. (2013). Gentrificación y resistencia en las ciudades latinoamericanas. El ejemplo de Chile. *Andamios, Revista de Investigación Social, 10*(22), 19-44.

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*Artículo elaborado con fines de análisis sociológico y divulgación. Las fuentes citadas son verificables y de acceso público. El análisis no representa la posición oficial de ninguna institución académica o gubernamental.*