LA ECONOMÍA POPULAR INFORMAL EN EL SALVADOR

Pupuserías, mercados, iglesias y el trabajo de vivir

Lic. José Raúl Dubón Huezo · Sociólogo e investigador social · Universidad de El Salvador

San Salvador, mayo de 2026 · Divulgación sociológica

Casi dos de cada tres salvadoreños que trabajan lo hacen sin contrato, sin seguro social y sin pensión. No porque sean flojos ni porque estén «al margen» de la economía. Sino porque la economía popular —pupuserías, comedores, tiendas de barrio, mercados, iglesias, dispensarios— es el sustrato real del país. Ignorarla o perseguirla no la erradica: destruye trabajo real.

1. El punto de partida: ¿qué es la economía informal?

Una pupusería de esquina, el comedor donde almuerzan los empleados del mercado, la tienda de doña Mari que abre los domingos, la farmacia popular que vende genéricos a cuatro pesos, el culto evangélico del martes que también guarda a los niños mientras la mamá trabaja. Ninguno de estos lugares aparece con nombre en el Ministerio de Hacienda. Ninguno cotiza al ISSS. Ninguno figura en el PIB formal. Y sin embargo, sostienen diariamente la vida de millones de salvadoreños.

Cuando los economistas hablan de «sector informal» se refieren, en su versión más conservadora, a las unidades económicas que operan sin registro, sin contrato ni protección social. En esa definición estricta —la que usa la DIGESTYC con criterio OIT clásico—, el 44,7 % de los ocupados salvadoreños no agrícolas en 2023 trabajan en el sector informal: 779.113 personas, según el Diagnóstico Sectorial de Trabajadores Independientes Informales del Ministerio de Trabajo (MTPS/UIMEL, noviembre 2024).

Pero si se aplica el criterio amplio de la OIT del año 2013 —que incluye también a asalariados sin protección social dentro de empresas formales—, la cifra sube al 66,5 % según el Boletín Competitivo Regional 2025 del Cohep, o hasta el 74,1 % según el estudio académico de Erazo (Universidad de Chile, 2020). El Banco Central de Reserva (BCR) estima que la «economía no observada» generó en 2024 el 20,5 % del PIB: 33.565 millones de dólares producidos fuera de los radares estadísticos formales.

La diferencia entre el 44 % y el 74 % no es manipulación: es que las distintas definiciones miden cosas distintas. Lo que todas tienen en común es un hallazgo incómodo para las teorías del desarrollo: en El Salvador, el sector formal no es la norma. La informalidad es la norma.

2. La magnitud: más de dos millones de personas

El BCR contabilizó en 2023 a 2.115.974 personas trabajando en el sector informal, frente a 1.922.169 en 2014: un aumento de 193.805 empleos informales en nueve años. No hubo una crisis que lo provocara; fue crecimiento vegetativo de una economía que no genera trabajo formal suficiente para absorber a su población activa.

¿En qué trabajan? Los datos del BCR para 2023 pintan el siguiente cuadro por sectores:

| Sector (BCR 2023) | % del total | Personas | Qué incluye | | --- | --- | --- | --- | | Comercio y reparación de vehículos | 26,5 % | 562.458 | Tiendas, mercados, ventas ambulantes | | Agricultura, ganadería, pesca | 23,4 % | 497.040 | Base productiva de la cadena alimentaria | | Manufactura | 13,7 % | 291.676 | Talleres, costura, artesanía | | Alojamiento y servicios de comida | 9,0 % | 191.132 | Pupuserías, comedores, tortillerías | | Construcción | 8,5 % | 179.917 | Albañilería, fontanería independiente | | Servicios domésticos | 6,4 % | 136.022 | Trabajadoras del hogar sin contrato |

El comercio y los servicios de alimentos suman el 35,5 % del empleo informal: allí están las pupuserías, los comedores, las tortillerías, los vendedores de frutas y verduras, las pupuseras ambulantes. Es la columna vertebral de la economía popular salvadoreña.

En perspectiva regional, El Salvador no es el peor. Guatemala, Honduras y Nicaragua superan el 80 % de informalidad. Pero el BID, en su Índice de Mejores Trabajos 2024, ubica al país en el puesto 14 de 17 con un puntaje de 35 sobre 100 —muy por debajo del promedio latinoamericano de 41,2—. Es la cuarta posición más baja del continente.

| País | Empleo informal | Ranking BID | Notas | | --- | --- | --- | --- | | Guatemala | 83,2 % | 13 de 17 | Mayor informalidad del istmo | | Honduras | 82,6 % | 17 de 17 | Mayor pobreza laboral de CA | | Nicaragua | 81,8 % | — | Dato Cohep 2025 | | El Salvador | 66,5 % | 14 de 17 | Puntaje 35/100 vs promedio 41,2 | | Panamá | 58,7 % | 8 de 17 | Mayor diversificación formal | | Costa Rica | 37,4 % | 4 de 17 | Mejor cobertura SS de CA |

Fuentes: Cohep (Boletín Competitivo Regional 2025), BID (Índice de Mejores Trabajos 2024), BAC (Pulso 2026).

3. La pupusería: una industria invisible

La pupusa fue declarada Plato Nacional de El Salvador por Decreto Legislativo No. 655, publicado en el Diario Oficial del 1 de abril de 2005. El segundo domingo de noviembre es el Día Nacional de la Pupusa, y el 67 % de los salvadoreños desayuna pupusas; el 71 % las cena, según la Defensoría del Consumidor (2019).

Pero la pupusa no es solo gastronomía identitaria. Es trabajo. El municipio de Olocuilta —declarado en 2018 primera Indicación Geográfica de El Salvador— concentra más de 350 pupuserías que emplean directamente a más de 1.000 personas, solo en esa ciudad. El Ministerio de Economía estima que la cadena completa —pupuserías, producción de masa, cultivo de loroco, crianza de ganado para queso, matanza de cerdo para chicharrón— genera entre 250.000 y 300.000 empleos en todo el país. Es una cifra que hay que tomar con cautela metodológica, porque mezcla empleo directo, indirecto e inducido; pero aun con esa advertencia, estamos hablando de uno de los mayores sectores empleadores de El Salvador, invisible en las estadísticas formales.

"Una pupusería no es solo un negocio: es un nodo de distribución de proteína, un espacio de sociabilidad barrial, un salario encubierto para una mujer jefa de hogar y un eslabón de la cadena agrícola de la milpa." — Observación de campo, mercado central de San Salvador, 2024

El estudio de Distribución Dinámica 2025 contabilizó 85.265 negocios detallistas en El Salvador —35.142 «otros detallistas» más 50.133 tiendas de colonia o barrio—, con un crecimiento del 23 % en una década. Al menos 300 de estas tiendas operan simultáneamente como pupusería. CONAMYPE (2025-2026) afirma que las micro y pequeñas empresas «le dan de comer al 85 % de la población», aportan más del 40 % del PIB y que el 97 % son negocios de entre uno y diez empleados. El 69 % opera en nivel de subsistencia y el 99 % no tiene acceso formal al crédito.

4. Las iglesias: el empleador que nadie contabiliza

El Ministerio de Gobernación tiene registradas 1.963 instituciones religiosas. El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN, 2019) identificó 5.824 personas que declaran su profesión como «pastor evangélico» y 697 sacerdotes católicos, más 1.634 religiosos y religiosas.

La Iglesia Católica salvadoreña, según datos de la CEDES y el portal Consolata América con cifras vaticanas, posee 9 circunscripciones eclesiásticas, 472 parroquias, 912 sacerdotes y 15.399 catequistas. Las megaiglesias evangélicas han crecido notablemente: Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel reporta asistencia semanal de 87.000 personas según Protestante Digital, citando datos propios de la congregación. Los sondeos recientes de LPG Datos (2023) y la UFG (2025) ubican a católicos y evangélicos virtualmente empatados —entre 38 y 47 % cada bloque—, lo que hace de El Salvador uno de los países con mayor pluralismo religioso de América Latina.

Pero lo que rara vez se señala desde la sociología económica es que las iglesias son empleadoras. Cada congregación de mediano tamaño emplea a pastores asociados, administradores, técnicos de sonido y video, músicos, maestros de Escuela Dominical, choferes, ujieres, personal de limpieza y guardias. Las megaiglesias operan empresas de comunicación (canales de TV, emisoras, plataformas digitales), clínicas dentales y médicas, institutos de formación técnica y guarderías. Nada de esto aparece desagregado en las cuentas nacionales como «sector religioso».

Además de empleo, las iglesias —especialmente en barrios populares y colonias urbano-marginales— prestan servicios que el Estado no llega a cubrir: grupos de ayuda a adicciones, comedores solidarios, apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar, acompañamiento en duelo, microcréditos informales entre feligreses. Son, en el lenguaje de Robert Putnam, máquinas de capital social.

5. La salud que no aparece en el presupuesto

La estrategia ECOS (Equipos Comunitarios de Salud Familiar) fue creada en 2009 durante la Reforma de Salud del gobierno Funes. En su mejor momento llegó a desplegar 576 equipos en 186 municipios, con cerca de 3.000 promotoras y promotores de salud comunitaria, según datos de la OPS y el MINSAL.

En 2025, el Foro Nacional de Salud denunció el cierre de 29 ECOS Familiares y de clínicas comunales del ISSS. Ese retiro del Estado de la atención de primer nivel traslada presión hacia la red informal: farmacias populares de barrio que asesoran sobre medicamentos, «inyectólogos» que aplican fármacos a domicilio, parteras tradicionales, dispensarios parroquiales y de iglesias evangélicas, naturistas y hueseros. Esta red no tiene presupuesto, no tiene protocolo, no tiene supervisión —pero funciona, porque es la única disponible.

El debate sobre los bebederos de agua —dispensarios comunitarios donde una familia llena sus garrafones—, las ventas de agua purificada en colonia y las redes de distribución informal de agua en zonas sin cobertura de ANDA, pertenece a este mismo universo. Son soluciones populares a fallas del Estado que generan empleo y resuelven necesidades, pero que permanecen desreguladas, precarias y sin protección para quienes las operan ni para quienes las usan.

6. Una economía de mujeres

La economía popular salvadoreña es, en su mayoría, una economía de mujeres. ONU Mujeres, con datos de la DIGESTYC 2020, reporta que el 72 % de las mujeres activas trabajan en el sector informal, frente al 56 % de los hombres. Su tasa de participación laboral es del 46,6 %, frente al 79 % masculino. La EHPM 2018 calculaba que el 61,4 % de las mujeres urbanas operaban en el sector informal.

La brecha salarial es concreta: 400 dólares mensuales promedio para hombres frente a 344 para mujeres —56 dólares de diferencia mensual, 672 al año—, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2023 y datos del BID citados por Voz de América (mayo 2024). El 62,7 % de las mujeres fuera del mercado laboral no participa por trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, según la EHPM. Ese trabajo —cocinar, limpiar, cuidar a los hijos y a los adultos mayores— es el subsidio invisible sobre el que descansa toda la economía, formal e informal.

En el Centro Histórico de San Salvador, los desalojos impulsados por el gobierno municipal en 2023-2025 desplazaron primero a unos 4.000 comerciantes de 68 cuadras en febrero de 2023, y continuaron en fases sucesivas hasta afectar a unos 2.500 vendedores adicionales hacia 2025, según reportes de Alharaca y Voz de América. La mayoría eran mujeres jefas de hogar sin alternativa formal. El Reglamento de Administración y Uso de Espacios Públicos (diciembre 2023) prohíbe expresamente la actividad comercial en el espacio público. La política de «orden» urbano tiene un costo de género que no aparece en ningún indicador oficial.

7. ¿Cómo leer esto con herramientas sociológicas?

La sociología latinoamericana ha producido al menos cuatro grandes marcos para interpretar la informalidad. Conviene conocerlos porque cada uno lleva a políticas públicas distintas.

El enfoque dualista PREALC-OIT

Desde 1972, el Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) y autores como Víctor Tokman conceptualizaron la informalidad como expresión de la heterogeneidad estructural: el sector moderno no absorbe a toda la población activa que llega del campo, y un excedente se ocupa en actividades de baja productividad. Tokman demostró, en su clásico estudio de 2007 para la CEPAL (Serie Políticas Sociales No. 130), que la informalidad no es etapa transitoria sino característica permanente. Eso encaja con El Salvador: incluso en los años de mayor crecimiento del PIB, la informalidad no bajó.

La lectura legalista de Hernando de Soto

En El otro sendero (1986), Hernando de Soto argumentó que los informales son emprendedores populares bloqueados por el exceso de regulación y los costos prohibitivos de la formalidad. Su receta —simplificar trámites, formalizar la propiedad— inspira hoy la política de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y la meta del gobierno de Bukele de formalizar 800.000 microempresarios (CONAMYPE 2023-2026). La crítica válida al desotismo es que asume que los informales son capitalistas en miniatura: muchos son trabajadores precarios que no tienen capital para formalizar nada, aunque el trámite sea gratis.

El enfoque estructuralista de Portes, Castells y Benton

En The Informal Economy (Johns Hopkins, 1989), Alejandro Portes, Manuel Castells y Lauren Benton argumentaron que la informalidad no es residuo ni emprendimiento bloqueado: es funcional al capitalismo formal, que externaliza costos y riesgos sobre talleres domésticos, vendedoras de calle y subcontratistas. La pupusería que abastece a los obreros de la maquila, la tienda de barrio que da «fiado», la iglesia que ofrece guardería de facto: todas reducen el costo de reproducción de la fuerza de trabajo formal. Esta lectura es incómoda porque implica que eliminar la informalidad requeriría transformar el capitalismo, no solo formalizar negocios.

La economía popular de José Luis Coraggio

El economista argentino José Luis Coraggio (Economía urbana: la perspectiva popular, Abya-Yala, 1998) propuso desplazar el eje analítico de «informal/formal» a «economía popular vs. economía del capital». La economía popular agrupa unidades domésticas cuyo principio organizador no es la ganancia sino la reproducción ampliada de la vida: pupuserías familiares, talleres, comedores, ventas ambulantes, iglesias, redes de cuidado. En la lectura de Coraggio, estas unidades no son anomalías a corregir sino la base sobre la que se sostiene la sociedad. La mayoría logra solo reproducción simple —sobrevivir— y necesita políticas activas para pasar a reproducción ampliada: mejora cualitativa de la vida. Esta es la perspectiva más cercana a la realidad salvadoreña y la que ofrece más herramientas para pensar políticas justas.

8. La tensión política actual

El gobierno del presidente Bukele ha combinado dos políticas aparentemente contradictorias hacia la economía popular. Por un lado, la política de «revitalización» del Centro Histórico de San Salvador ha desalojado a miles de vendedores informales, con un impacto documentado sobre mujeres jefas de hogar. El Reglamento de Uso de Espacios Públicos de diciembre 2023 prohíbe explícitamente el comercio en la calle. Por otro lado, la Política de Integración Económica para la Microempresa (CONAMYPE, 2023-2026) propone formalizar 800.000 microempresarios mediante trámites simplificados, acceso a crédito y mercados, y la figura de las SAS.

La contradicción no es solo retórica: es estructural. No se puede formalizar a una vendedora del Centro Histórico si antes se la desalojó sin ofrecerle un local alternativo equivalente. No se puede hablar de apoyo a la microempresa si el 99 % de las MYPE sigue sin acceso al crédito formal (CONAMYPE 2025) y el 69 % opera en subsistencia. No se puede cerrar 29 ECOS Familiares y esperar que la salud informal llene el vacío gratuitamente.

La pregunta que la sociología le hace a la política pública es simple: ¿para quién es la formalización? Si es un proyecto de modernización urbana que desplaza a los más vulnerables para mejorar la imagen de la ciudad, reproduce la desigualdad con otro nombre. Si es un proyecto que parte de las necesidades reales de las pupuseras, los vendedores de mercado, los pastores comunitarios y las promotoras de salud, puede ser transformador.

9. Conclusión: la economía invisible que nos alimenta

La economía popular informal salvadoreña no es un problema. Es la solución que más de dos millones de personas han construido ante la incapacidad del mercado formal y del Estado para proveer trabajo digno, salud accesible, alimentación asequible y cohesión social. Las pupuserías, comedores, tiendas de barrio, mercados, iglesias, dispensarios y bebederos son infraestructura social tanto como económica.

Verlos con los ojos de Coraggio —como economía de reproducción de la vida, no como sector «a formalizar» o «a erradicar»— cambia el diagnóstico y cambia la política. No se trata de romantizar la precariedad: una pupusera sin seguridad social, sin pensión y sin crédito es una trabajadora desprotegida. Pero la solución no es desalojarla del espacio público ni obligarla a pagar impuestos que su margen de ganancia no soporta. Es reconocerla, protegerla y crear condiciones para que su trabajo sea sostenible y digno.

La próxima vez que pague dos dólares por una pupusa en la esquina de su barrio, está participando de la economía más grande y menos contada de El Salvador. No es folklore. Es el 66 % del trabajo del país.

Fuentes y referencias

Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). (2026, marzo). Cuadro de Oferta y Utilización: Economía No Observada, 2024. BCR.

Boletín Competitivo Regional. (2025). Informalidad laboral en Centroamérica. Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

CONAMYPE. (2017). Encuesta Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (ENMyPE). Ministerio de Economía, El Salvador.

Coraggio, J. L. (1998). Economía urbana: la perspectiva popular. Abya-Yala / ILDIS / FLACSO.

Coraggio, J. L. (2007). La economía popular y solidaria: el ser humano sobre el capital. MIES-IEPS.

Erazo, J. (2020). Medición y análisis del empleo informal en El Salvador: retos en el contexto del COVID-19. Revista Estudios de Políticas Públicas, Universidad de Chile.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS/UIMEL). (2024, noviembre). Diagnóstico sectorial de trabajadores independientes informales. MTPS.

ONU Mujeres El Salvador. (2022). Empoderamiento económico de las mujeres. Datos DIGESTYC 2020. https://elsalvador.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/empoderamiento-economico

Portes, A., Castells, M., & Benton, L. A. (Eds.). (1989). The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries. Johns Hopkins University Press.

Tokman, V. E. (2007). Informalidad, inseguridad y cohesión social en América Latina. Serie Políticas Sociales No. 130. CEPAL.

Distribución Dinámica. (2025). Estudio del canal de distribución detallista en El Salvador 2025. DD.

Alharaca. (2023-2025). Las vendedoras del sector informal luchan por sobrevivir en el centro. https://www.alharaca.sv/economia-feminista/

Voz de América. (2024-2025). La vida después del desalojo de vendedores informales en el centro de San Salvador. https://www.vozdeamerica.com/

BID. (2024). Índice de Mejores Trabajos: Calidad del empleo en América Latina, entre la informalidad y salarios que no alcanzan.

Este artículo es de libre reproducción con atribución de autoría.

Lic. José Raúl Dubón Huezo · Sociólogo · Universidad de El Salvador · mayo 2026