No Son el Problema

Economía Moral, Género y Derechos del Comercio Informal en el Centro Histórico de San Salvador

Artículo de análisis sociológico y político

Resumen

Este artículo desmonta la narrativa que convierte a los vendedores y vendedoras del sector informal en el obstáculo del desarrollo urbano. Mediante análisis sociológico crítico, perspectiva de género y evidencia empírica, se argumenta que el comercio informal en El Salvador no es una anomalía ni una patología social, sino la respuesta racional de sectores excluidos del mercado laboral formal ante un Estado que no garantiza empleo digno, protección social ni vivienda accesible. Se presta atención particular a las mujeres —especialmente madres que sostienen hogares en soledad— quienes representan el rostro mayoritariamente invisibilizado de esta economía. El artículo sostiene que el discurso que criminaliza la pobreza trabajadora opera como legitimación de una desigualdad estructural que desplaza la culpa hacia las víctimas, y concluye que los sectores subalternos tienen los mismos derechos sobre el espacio urbano que cualquier otro actor económico, incluidos los que invierten desde posiciones de privilegio.

Palabras clave: comercio informal, economía popular, vendedoras ambulantes, jefatura femenina de hogar, derechos laborales, discurso neoliberal, espacio urbano.

Introducción: el problema no está donde nos dicen que está

Dina Portillo lleva años vendiendo en el Centro Histórico de San Salvador. Cada mañana arranca su jornada a las seis, cargando su mercadería, con el cuerpo en alerta permanente. El miedo no viene de la delincuencia —que también existe— sino de los agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), que pueden aparecer en cualquier momento y llevarse en bolsas negras la inversión de semanas: ropa, productos de limpieza, artículos de primera necesidad. Treinta dólares de mercadería decomisada en un solo operativo. Treinta dólares que para Dina no son una pérdida menor: son el presupuesto de alimentación de su familia durante días (Alharaca, 2024).

Mientras Dina corre, los funcionarios municipales celebran el éxito de las operaciones de 'reordenamiento'. El alcalde Mario Durán describió el desalojo de más de dos mil vendedores en marzo de 2025 —el más grande en veinte años— como un avance en las condiciones laborales de los afectados: pasarán, dijo, 'de la informalidad a un entorno más seguro y organizado' (Voz de América, 2025). La frase es un ejemplo perfecto de lo que los estudios críticos del discurso llaman inversión semántica: presentar el despojo como beneficio, la violencia institucional como cuidado, la expulsión como promoción social.

Este artículo se niega a aceptar esa inversión. Su propósito es argumentativo: desmantelar, evidencia por evidencia y argumento por argumento, el relato que transforma a los trabajadores del sector informal en el enemigo de la ciudad moderna, en el obstáculo que impide el progreso, en el símbolo de lo que hay que eliminar para que San Salvador pueda 'mejorar'. Ese relato no es neutral. Sirve intereses concretos, produce efectos reales sobre personas reales, y descansa sobre una serie de premisas falsas que merecen ser examinadas con la misma rigurosidad que se exige para cualquier otra afirmación pública.

El argumento central de este texto es el siguiente: el comercio informal no es el problema. Es la consecuencia visible de problemas estructurales que el mismo sistema que lo persigue ha producido y no ha resuelto. Perseguirlo sin atacar sus causas es, en el mejor de los casos, una confusión analítica. En el peor, una operación de clase.

I. Primero, los hechos: quiénes son y por qué están ahí

Antes de cualquier juicio moral o político, conviene establecer qué nos dicen los datos sobre quiénes son las personas que trabajan en el sector informal salvadoreño.

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2022, el comercio informal es el grupo ocupacional que más trabajadores concentra en El Salvador, por encima de cualquier otra categoría (BCR/ONEC, 2023). No estamos hablando de una minoría marginal: estamos hablando del corazón del mercado laboral urbano del país. Aproximadamente el 50% de los trabajadores urbanos se encuentran en el sector informal, y ese porcentaje ha oscilado entre el 45% y el 60% durante las últimas dos décadas, sin que ninguna política pública haya logrado reducirlo de manera sostenida.

Pero los datos se vuelven aún más reveladores cuando se desagregan por género. Según ONU Mujeres El Salvador, el 72% de las mujeres ocupadas trabajan en el sector informal, frente al 56% de los hombres (ONU Mujeres, 2021). El 80% de las mujeres ocupadas se encuentran en trabajos de baja productividad. En las ramas de comercio, hoteles y restaurantes —donde se concentra la mayor parte del comercio informal visible— las mujeres representan el 56,4% de los trabajadores. Y del total de la población ocupada femenina, el 33% son mujeres que trabajan por cuenta propia sin local (Revista La Brújula, 2022; DIGESTYC, 2020).

¿Qué significa esto en términos concretos? Significa que cuando las autoridades municipales despliegan un operativo de desalojo y confiscación en el Centro Histórico, están golpeando desproporcionadamente a las mujeres. Significa que cuando los articulistas de opinión y los comentaristas de redes sociales celebran la 'recuperación' del espacio público, están aplaudiendo medidas que afectan principalmente a madres, a abuelas, a mujeres que sostienen hogares con lo que generan vendiendo ropa, alimentos o artículos del hogar en una acera.

Una proporción significativa de estas mujeres son jefas de hogar. La venta callejera no es, para ellas, un complemento de otros ingresos: es la única fuente de sustento de sus hijos. Como expresó una vendedora anónima entrevistada por La Prensa Gráfica en 2023, al borde del desalojo: 'Al quitarnos de aquí, ¿para dónde vamos a ir o qué vamos a hacer? Viene más pobreza todavía. Yo soy jefa de mi hogar y mantengo sola a mi hija' (La Prensa Gráfica, 2023). Esta frase no es anécdota. Es evidencia de política pública.

II. La trampa del argumento meritocrático: ¿por qué no consiguen un empleo formal?

El argumento más frecuente de quienes defienden los desalojos tiene una lógica aparentemente sencilla: si estas personas trabajaran en el sector formal, tendrían mejores condiciones laborales, pagarían impuestos y no ocuparían el espacio público. La solución, por tanto, parece obvia: que se formalicen.

Este argumento tiene un problema fundamental: ignora completamente por qué existe la informalidad.

El mercado laboral formal salvadoreño no tiene capacidad para absorber a todos los trabajadores que quieren incorporarse. Si la tuviera, la tasa de informalidad no se habría mantenido alrededor del 50% durante décadas. La informalidad no es una elección individual de personas que prefieren la comodidad del trabajo no regulado: es el resultado de una economía que produce sistemáticamente más trabajadores de los que puede emplear en condiciones dignas (CEPAL; OIT, 2020).

Para entender esto, basta con observar algunas cifras. La mayoría de los salvadoreños —el 53,8% según la EHPM 2022— tiene ingresos inferiores a $328 mensuales, por debajo del salario mínimo del sector comercio (ORMUSA, 2023). Los salarios mínimos reales se contrajeron un 5,3% en el primer semestre de 2023 (CEPAL, 2023). El Salvador ocupa el puesto 13 de 17 países en el Índice de Mejores Trabajos del BID, con una brecha de género en calidad laboral que tardaría más de 47 años en cerrarse al ritmo actual (El Salvador.com, 2024).

Dicho de otra manera: el sector formal salvadoreño no solo es insuficiente en cantidad, sino también en calidad. Muchos de los empleos formales que existen no garantizan bienestar, y en el caso de las mujeres, frecuentemente tampoco ofrecen la flexibilidad horaria necesaria para compatibilizar el trabajo remunerado con el trabajo de cuidado no remunerado —que recae abrumadoramente sobre ellas: las mujeres jóvenes dedican en promedio 25,5 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado, frente a 7,2 horas de los hombres jóvenes (PNUD, 2018).

Una mujer con tres hijos a cargo, sin pareja, sin acceso a guarderías subsidiadas, y con una oferta laboral formal que paga $350 mensuales en jornada de lunes a sábado: ¿qué 'elección' tiene exactamente? El trabajo en la economía informal no es irracionalidad. Es la única solución disponible dentro de las condiciones que la sociedad le ha impuesto. Pedirle que 'consiga un trabajo formal' cuando ese trabajo no existe, o cuando existe pero no resuelve sus necesidades reales, tiene una función ideológica muy precisa: desplazar la responsabilidad del sistema hacia el individuo. Esta es la gramática básica del pensamiento neoliberal aplicado a la pobreza: culpar a quien padece por las consecuencias de condiciones que no controla.

III. El espacio público es de todos: la falacia de la exclusividad

Uno de los argumentos más recurrentes en contra del comercio informal es que 'ocupa' el espacio público, impidiendo su uso por el resto de los ciudadanos. Los vendedores son presentados como invasores de un espacio que no les pertenece, que han 'tomado' y que es necesario 'recuperar'.

Hay que detenerse en esta palabra: recuperar. Implica que el espacio fue alguna vez de otros y que los vendedores lo arrebataron. Pero ¿de quién era ese espacio antes de los vendedores? ¿De los turistas que todavía no llegaban? El centro histórico de San Salvador no fue un espacio vacío que los vendedores colonizaron. Fue —y es— el espacio de confluencia de la clase obrera metropolitana: más de 1,2 millones de personas circulaban diariamente por él en 2015, y los casi 20.000 vendedores que lo habitaban respondían precisamente a esa demanda (El Faro, 2024). Eran parte del ecosistema social y económico del centro, no sus parásitos.

La Organización Internacional del Trabajo reconoce en su Recomendación No. 204 que los trabajadores informales tienen derechos laborales que los Estados deben proteger, y que cualquier proceso de transición debe ser democrático y basado en derechos humanos, no en la expulsión coercitiva (OIT, 2015). StreetNet International señala explícitamente que el conflicto entre vendedores y autoridades urbanas 'ha conducido a graves violaciones de los derechos humanos y laborales' (StreetNet, 2021).

Nadie discute el derecho de un empresario a utilizar el espacio central de la ciudad para instalar un restaurante, una tienda de moda o un hotel. Nadie le exige que 'se retire' para que el espacio pueda ser 'recuperado'. ¿Por qué, entonces, la presencia de una vendedora que ofrece ropa o pupusas es considerada una invasión? La única diferencia relevante entre los dos casos es la posición de clase de los actores. El empresario tiene capital, paga alquiler, cotiza impuestos. La vendedora no. Y de esa diferencia económica se construye, por arte del discurso dominante, una diferencia moral: uno tiene derecho, la otra no. Esta lógica no es nueva. Es la misma que durante siglos justificó que los pobres no pudieran entrar a ciertos espacios, no pudieran votar, no pudieran ir a la misma escuela.

IV. El discurso que convierte víctimas en culpables: anatomía de una ideología

Existe una operación discursiva bien documentada en la sociología del conocimiento que consiste en invertir las relaciones causales de la desigualdad: presentar como causa lo que en realidad es consecuencia. Esta operación tiene un nombre técnico —victim blaming, o culpabilización de la víctima— y una historia larga en el pensamiento social conservador.

En el caso del comercio informal salvadoreño, esta inversión opera con varios mecanismos simultáneos. El primero es la estetización de la exclusión: el problema no se presenta como la pobreza de los vendedores, sino como la estética del centro histórico. Lo que 'afea' la ciudad, lo que 'desordena' el espacio, lo que impide la 'modernización'. En este encuadre, eliminar a los pobres del paisaje urbano visible se convierte en equivalente a eliminar la pobreza. Lo cual, por supuesto, no lo es.

El segundo mecanismo es la moralización del trabajo formal. Se construye una jerarquía ética donde el trabajador formal es responsable, contribuyente, ciudadano pleno; y el trabajador informal es irresponsable, parásito, ciudadano incompleto. La vendedora que lleva treinta años vendiendo en el mismo lugar, que financia la educación de sus hijos con esa actividad, que conoce a cada cliente por su nombre, es tratada discursivamente como una infractora, no como una trabajadora.

El tercero es la criminalización por asociación. Después de años de violencia pandilleril en las mismas zonas donde operan los vendedores, el imaginario colectivo construyó una asociación entre informalidad y delincuencia que no tiene base empírica. Los vendedores no son criminales. Son, en su mayoría, personas que trabajan para sobrevivir y que con frecuencia fueron también víctimas de la extorsión que ahora se usa para justificar su desplazamiento. La FESPAD documentó que los operativos de desalojo generan 'mayor exclusión social' y condenó el uso excesivo de la fuerza por parte del CAM (FESPAD). Pero el discurso dominante sigue presentando el desalojo como una medida de seguridad, como si los vendedores fueran parte del problema de violencia y no de las poblaciones que más lo han sufrido.

V. El cuerpo de las mujeres en el mercado: triple jornada, triple invisibilidad

Hablar del comercio informal salvadoreño sin hablar de las mujeres es hablar de la mitad del fenómeno. El género no es simplemente una variable demográfica en este análisis: es una dimensión estructurante que explica tanto por qué las mujeres terminan en la economía informal como por qué sufren sus consecuencias de manera más aguda.

Las mujeres salvadoreñas que trabajan en el comercio informal no lo hacen en igualdad de condiciones con los hombres. Trabajan con la carga adicional del trabajo reproductivo no remunerado: el cuidado de hijos, de personas mayores, las tareas del hogar. Esta carga no desaparece cuando salen a vender: se gestiona simultáneamente, a veces llevando a los hijos al puesto de venta, a veces dejándolos con vecinas en acuerdos informales de cuidado que se sostienen en reciprocidades frágiles. Trabajan sin acceso a seguridad social: sin pensión, sin seguro de enfermedad, sin derecho a licencia de maternidad. Si se enferman, no pueden parar. Si el hijo se enferma, tampoco.

La cifra sobre la jornada de trabajo no remunerado es escalofriante en su brecha: 25,5 horas semanales para las mujeres jóvenes, frente a 7,2 horas para los hombres jóvenes (PNUD, 2018). Eso equivale a casi un turno laboral completo por semana de trabajo invisible, no contabilizado en ningún PIB, no reconocido en ningún salario. Las mujeres del sector informal no trabajan una jornada: trabajan dos o tres, y solo una de ellas produce ingreso.

Cuando estas mujeres son desalojadas de sus espacios de venta, no solo pierden un ingreso. Pierden el espacio físico desde el que organizaban toda su logística de vida: el punto desde donde vigilaban que sus hijos llegaran al colegio, el lugar donde podían tenerlos cerca mientras trabajaban, el tejido de relaciones vecinales y clientelas construido durante años y que era en sí mismo un activo económico y social.

La Recomendación No. 204 de la OIT es explícita: cualquier proceso de transición de la economía informal a la formal 'debe realizarse mediante políticas integradas e inclusivas de empleo y protección social' (OIT, 2015). No mediante desalojos con gas pimienta. No mediante confiscación de mercadería. No mediante la prohibición total de la actividad comercial en el espacio público —que es lo que hace el artículo 14 del Reglamento de Administración y Uso de Espacios Públicos del Centro Histórico de San Salvador, publicado en diciembre de 2023 (Alharaca, 2024)— cuyo cumplimiento dejó afectados a un niño de cinco años y su abuela que simplemente transitaban por el lugar (Infobae, 2026).

VI. La doble vara del discurso neoliberal: el lujo permitido y la pobreza prohibida

El mismo modelo económico que promueve la 'modernización' del centro histórico de San Salvador, que celebra la llegada de inversión turística, que financia con fondos de cooperación internacional la 'revalorización de inmuebles infrautilizados', es el mismo modelo que durante décadas no creó suficiente empleo formal para todos los salvadoreños. El mismo modelo que mantuvo los salarios mínimos reales por debajo de la canasta básica. El mismo modelo que no construyó el sistema de guarderías que habría permitido a las madres incorporarse al mercado laboral formal.

La lógica que emerge es inquietante en su coherencia: el capital puede usar el espacio urbano central para generar rentabilidad, y eso se llama inversión. El trabajador pobre puede usar ese mismo espacio para generar subsistencia, y eso se llama problema. El inversionista que construye un hotel boutique en el centro histórico está 'desarrollando' la ciudad. La vendedora que lleva treinta años ofreciendo sus productos en la misma acera está 'invadiendo' la ciudad.

No es difícil ver qué tipo de actividad económica se protege y qué tipo se persigue. Y no es difícil entender que esta distribución coincide exactamente con la distribución del poder económico y político: quienes tienen capital reciben protección; quienes no lo tienen, reciben exclusión. Esta doble vara no es un error del sistema. Es su funcionamiento normal. Es la manera en que el capital urbano neoliberal organiza el espacio, asignando derechos y restricciones en función de la capacidad de pago, y luego produce un discurso que naturaliza esa distribución como si fuera el resultado del orden, el mérito o la modernidad.

VII. Derechos que no negocian: lo que la ley ya reconoce

El debate sobre el comercio informal no es solo ético o político. Tiene una dimensión jurídica que con frecuencia se omite en la conversación pública.

El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que 'toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo'. El artículo 25 reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado. Ninguno de estos derechos tiene cláusula de excepción para los trabajadores informales.

La Constitución de El Salvador, en su artículo 37, reconoce el trabajo como función social y establece que el Estado debe promover el trabajo como garantía de la vida digna del ciudadano. No establece que ese trabajo deba ser únicamente el trabajo formal. No establece que la subsistencia en la economía informal esté fuera del derecho constitucional al trabajo. La propia OIT, en múltiples instrumentos incluyendo la Recomendación No. 204, ha reconocido que los trabajadores de la economía informal son titulares de derechos laborales que los estados tienen la obligación de garantizar (OIT, 2015). El comercio informal 'es lícita, legal, no es delito' (Alharaca, 2024).

VIII. ¿Qué sería justo? La propuesta que el discurso dominante no quiere hacer

Este artículo no sostiene que el espacio urbano no necesite ningún tipo de ordenamiento. Sostiene que ese ordenamiento debe realizarse respetando los derechos de todos los actores, incluyendo los de menores ingresos, y que debe estar acompañado de las condiciones materiales que lo hagan posible sin destruir la subsistencia de las personas afectadas.

¿Qué significaría eso en términos concretos? Significaría que cualquier proceso de reubicación debería ser diseñado con la participación activa de los propios vendedores, no impuesto desde arriba con plazos arbitrarios y amenaza de decomiso. Significaría que las nuevas ubicaciones deberían ser seleccionadas en función de su viabilidad económica real, no de la conveniencia visual del proyecto de revitalización. Significaría que los costos de la transición deberían ser asumidos por quien se beneficia de la revitalización: el Estado y los inversionistas, no la vendedora.

Significaría, sobre todo, atacar las causas y no los síntomas. Si el comercio informal existe porque no hay suficiente empleo formal de calidad, la respuesta debería ser crear ese empleo: con inversión pública, con políticas que aumenten los salarios reales, con sistemas de seguridad social que protejan a quien trabaja independientemente de su modalidad. Si las mujeres están desproporcionadamente en la informalidad porque no tienen con quién dejar a sus hijos, la respuesta debería ser un sistema universal de cuidados: guarderías públicas, apoyo a familias monoparentales, horarios escolares compatibles con las jornadas laborales. Ninguna de estas respuestas es lo que ocurre. Lo que ocurre es el operativo del CAM.

Conclusión: la ciudad es de quienes la trabajan

Los vendedores ambulantes son trabajadores esenciales. Lo fueron durante la pandemia, cuando nadie más podía llevar alimentos y productos básicos a los barrios populares. Y lo son en todo momento: son el eslabón que conecta la producción con el consumo en los mercados a los que los supermercados no llegan, o a los que llegan con precios que los sectores de menores ingresos no pueden pagar.

La ciudad de San Salvador no funciona sin las mujeres que venden pupusas en las esquinas, sin las que ofrecen ropa y zapatos a precios accesibles para los trabajadores que ganan el salario mínimo, sin los vendedores que distribuyen frutas y verduras en los barrios que no tienen mercado formal próximo. Estas personas no son el problema de la ciudad. Son parte de su infraestructura social y económica, la parte que el discurso oficial no quiere ver porque no puede ser contabilizada en los renders del proyecto turístico.

El discurso que los convierte en obstáculos no describe la realidad: la construye. Construye una imagen de la ciudad deseada —limpia, ordenada, estetizada, turística— y en función de esa imagen define quién tiene derecho a estar en ella. Ese discurso tiene ganadores y perdedores muy concretos, y los ganadores no son Dina, ni la vendedora anónima que mantiene sola a su hija, ni la abuela de 64 años que salió a vender porque el sistema de pensiones no alcanza.

Los sectores subalternos tienen exactamente los mismos derechos sobre el espacio urbano que cualquier inversionista. El hecho de que ese derecho no se reconozca en la práctica no es una falla técnica del sistema: es una decisión política. Y como toda decisión política, puede y debe ser discutida, cuestionada y cambiada. La ciudad que vale la pena construir no es la que brilla para el turista y expulsa al trabajador. Es la que entiende que la dignidad no se mide por cuánto consumes sino por si puedes vivir de tu trabajo, y que reconoce que una sociedad que persigue a sus madres más pobres por vender en la calle no está avanzando: está mostrando hasta dónde está dispuesta a llegar en nombre de una modernidad que existe en los folletos, pero no en la vida de quienes la sostienen.

Referencias

Alharaca. (2024, 28 de febrero). Las vendedoras del sector informal luchan por sobrevivir en el centro. https://www.alharaca.sv/economia-feminista/las-vendedoras-del-sector-informal-luchan-por-sobrevivir-en-el-centro/

Banco Central de Reserva de El Salvador / Oficina Nacional de Estadística y Censos [BCR/ONEC]. (2023). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2022. BCR/ONEC.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2023). Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2023. Naciones Unidas.

El Faro. (2024, mayo). ¡Viene el CAM!: huir para vender en el Centro. https://elfaro.net/es/202405/el_salvador/27423/viene-el-cam-huir-para-vender-en-el-centro

El Salvador.com. (2024, 8 de mayo). El Salvador tiene menor calidad de trabajo en América Latina. https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/el-salvador-trabajo-america-latina-bid-empleo/1140854/2024/

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho [FESPAD]. (s.f.). Desalojos violentos por parte de Alcaldía municipal de San Salvador. https://www.fespad.org.sv/desalojos-violentos-por-parte-de-alcaldia-municipal-de-san-salvador/

Infobae. (2026, 16 de abril). El decomiso de mercadería en el Centro Histórico de San Salvador deja a un niño y su abuela afectados por gas lacrimógeno. https://www.infobae.com/el-salvador/2026/04/16/

La Prensa Gráfica. (2023, 14 de febrero). 'Habrá aún más pobreza si nos impiden comerciar': vendedores desalojados. https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Habra-aun-mas-pobreza-si-nos-impiden-comerciar-vendedores-desalojados-20230214-0106.html

Observatorio Laboral / ORMUSA. (2023, abril). Monitoreo laboral y económico. https://observatoriolaboral.ormusa.org/

Organización Internacional del Trabajo [OIT]. (2015). Recomendación No. 204 sobre la transición de la economía informal a la economía formal. OIT.

ONU Mujeres El Salvador. (2021). Empoderamiento económico de las mujeres. https://elsalvador.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/empoderamiento-economico

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. (2018). Informe sobre desarrollo humano El Salvador. PNUD.

Revista La Brújula. (2022, 19 de mayo). Las mujeres frente al régimen de excepción: vendedoras informales y eternas cuidadoras. https://revistalabrujula.com/2022/05/19/

StreetNet International. (2021, 14 de noviembre). Los vendedores ambulantes y otros trabajadores de la economía informal han demostrado ser trabajadores esenciales. https://streetnet.org.za/es/2021/11/14/

Voz de América. (2025, 13 de marzo). La vida después del desalojo de vendedores informales en el centro de San Salvador. https://www.vozdeamerica.com/a/vida-despues-desalojo-vendedores-informales-san-salvador/8009576.html